La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes 25 de agosto que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Fernando Albán, opositor venezolano que murió bajo custodia del Estado en octubre de 2018. La remisión, realizada el 5 de agosto, plantea la responsabilidad internacional de Venezuela por su detención arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial, las agresiones contra su familia y la falta de una investigación efectiva.
Albán, de 56 años, era dirigente de Primero Justicia y concejal del municipio Libertador. Según los antecedentes recopilados por la CIDH, fue detenido el 5 de octubre de 2018 por funcionarios del SEBIN al regresar de Nueva York, sin que se le mostrara inicialmente una orden judicial. Durante unas 20 horas, sus familiares desconocieron su paradero mientras las autoridades negaban que estuviera detenido.
La Comisión señaló que el 8 de octubre las autoridades informaron que Albán había muerto en la sede del SEBIN y cuestionó la investigación posterior. Entre las irregularidades mencionadas figuran versiones oficiales inconsistentes, dos certificados de defunción con causas distintas y elementos que, de acuerdo con el organismo, no fueron esclarecidos mediante una investigación seria y diligente. En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 320/25, la CIDH concluyó que Albán fue víctima de una desaparición forzada de corta duración, tortura y ejecución extrajudicial.
Asimismo, la CIDH determinó que el proceso penal iniciado contra Albán vulneró garantías judiciales y el principio de legalidad, mientras que la investigación sobre su muerte dejó fuera líneas relacionadas con desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. El organismo también consideró que actuaciones contra familiares y abogados, así como declaraciones públicas de autoridades sobre el caso, afectaron derechos vinculados con la vida privada, la honra, la dignidad y la presunción de inocencia.
Ante la Corte IDH, la Comisión solicitó reparaciones económicas y medidas de rehabilitación para los familiares, además de una nueva investigación que permita determinar responsabilidades, incluida la cadena de mando. También pidió eliminar eventuales antecedentes derivados del proceso contra Albán, proteger a sus familiares y defensores frente a actos de hostigamiento y adoptar medidas para prevenir hechos similares, entre ellas fortalecer la independencia de las investigaciones sobre muertes ocurridas bajo custodia estatal.
