El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió este miércoles 26 de agosto que la eliminación de las alcabalas policiales y militares en las zonas urbanas de Venezuela, anunciada por la presidenta (e) Delcy Rodríguez, podría resultar insuficiente si no está acompañada de una reforma profunda de los cuerpos de seguridad y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
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Rodríguez anunció el lunes que los puntos de control serían sustituidos por un sistema reforzado de patrullaje. «En los próximos días vamos a eliminar las alcabalas policiales en las ciudades, para garantizar una seguridad integral, se reforzará el mecanismo de patrullaje», afirmó la mandataria.
La medida fue revisada este martes durante una reunión de seguridad encabezada por Rodríguez, en la que participaron el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Gustavo González López, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán Quintero, además de altos mandos policiales y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS). Según el Ejecutivo, el nuevo esquema busca garantizar una seguridad «integral, profesional y plenamente respetuosa de los derechos humanos».
Sin embargo, Provea recordó que la eliminación de estos puestos de control tiene antecedentes que se remontan a la reforma policial impulsada después de la masacre de Kennedy, ocurrida en Caracas en 2005. La organización señaló que, pese a las promesas de construir un nuevo modelo basado en «permanencia, eficiencia, extensión, democracia y participación», el lanzamiento del Plan Patria Segura en 2013 implicó una mayor militarización de la seguridad ciudadana y la instalación de miles de alcabalas.
Asimismo, la ONG sostuvo que durante años ha documentado casos de extorsión y abusos asociados con estos puntos de control, especialmente contra campesinos, productores agrícolas, pobladores fronterizos e indígenas. En Zulia, por ejemplo, afirmó que los habitantes de La Guajira deben atravesar al menos 12 alcabalas entre Maracaibo y Paraguaipoa, donde denunció afectaciones al libre tránsito y otros derechos.
Provea consideró que «el simple anuncio no desmantela el entramado de corrupción ni las prácticas arbitrarias» y plantea además qué ocurrirá con los puntos de control ubicados en zonas rurales o alejadas de las ciudades. La organización alertó que, sin una transformación estructural, las prácticas denunciadas podrían trasladarse a mecanismos móviles o lugares menos visibles.
Finalmente, la ONG reiteró que «para que la eliminación de las alcabalas sea más que un titular» debe estar acompañada por depuración de los cuerpos policiales, capacitación de funcionarios, fortalecimiento de la inteligencia preventiva y sanciones contra quienes incurran en abusos. Provea también atribuyó al Ministerio Público un papel fundamental para garantizar investigaciones efectivas y combatir la impunidad.
