En medio de una crisis sin precedentes, los venezolanos se ven obligados a tomar medidas extremas para sobrevivir en un entorno marcado por la inoperancia de los servicios públicos. Yusmary Gómez, madre de dos hijos, relata cómo la escasez de agua la ha llevado a gastar la mitad de su salario en cubrir sus necesidades básicas. «El año pasado estuvimos sin una gota de agua durante tres meses y medio», lamenta.
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La organización no gubernamental Monitor Ciudad monitorea los servicios de agua, electricidad y gas en varias regiones del país y resalta la crónica falta de suministro. Jesús Vásquez, director de la ONG, comenta: «La gente tiene que resolver y seguir su día a día». La situación es tan crítica que los caraqueños en promedio reciben agua tan solo en 60 de las 168 horas de la semana.
La privatización de facto de los servicios esenciales se hace evidente en la búsqueda desesperada de soluciones por parte de la población. Isora Bazán, una jubilada de 61 años, se ve forzada a comprar gas en el mercado negro, sacrificando medicamentos para hacerlo. Las bombonas de gas, esenciales para cocinar, se venden entre 10 y 20 dólares en un contexto donde la pensión mensual de Isora es inferior a 5 dólares.
Los apagones eléctricos también son una realidad aterradora para los venezolanos. Rodrigo Crespo, comerciante de 35 años, ha tenido que invertir en plantas generadoras de energía para mantener su hogar y su negocio funcionando. «Si no buscamos la manera de resolver estas cosas, nos morimos infartados», comenta Rodrigo.
Esta situación de colapso se extiende a otros ámbitos como la educación. La hija de Yusmary pierde clases debido a la falta de agua en su preescolar estatal, y la crisis pandémica ha agravado la situación educativa con profesores que apenas pueden dar clases unos pocos días a la semana.
Con información de AFP
