Una Ventana a la Libertad (UVL), una organización no gubernamental dedicada a los derechos humanos, ha informado sobre la preocupante situación en los calabozos policiales de Venezuela. Entre octubre de 2022 y julio del presente año, se registraron 240 casos «sospechosos» de tuberculosis en 161 calabozos a lo largo del país, según un comunicado emitido por la ONG. La falta de distanciamiento y las condiciones precarias en estos espacios han propiciado la propagación de enfermedades infecto-contagiosas.
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La alarma surgió después de que se llevaran a cabo 18 jornadas médicas asistenciales desde octubre del año pasado hasta julio de 2023. Estas jornadas tenían como objetivo principal evaluar las condiciones sanitarias de los centros de detención preventiva y el estado de salud de los reclusos. La ONG UVL, en colaboración con la ONG Proyecto Once Trece, realizó estas evaluaciones, aunque no se especificó si se llevaron a cabo pruebas específicas para confirmar o descartar la enfermedad ni si se aplicaron tratamientos a los detenidos sospechosos.
La capacidad instalada total de los 161 calabozos evaluados es de 6.028 personas, sin embargo, actualmente conviven en estos espacios 10.254 privados de libertad, lo que refleja un hacinamiento del 170 %. La falta de distanciamiento ha propiciado la persistencia de enfermedades como la tuberculosis, la escabiosis, gripes y COVID-19 entre los detenidos.
Durante el periodo analizado, al menos 8 reclusos murieron debido a problemas de salud no especificados. La ONG reportó la presencia de 45 detenidos con VIH/sida y 7 con COVID-19. Además, 411 reclusos presentaron signos de desnutrición. La ONG no proporcionó detalles sobre si alguno de los fallecidos formaba parte de estos grupos.
Es importante destacar que las cifras mencionadas corresponden a 161 calabozos evaluados de los más de 1.000 en el país, lo que sugiere que la situación podría ser aún más preocupante en otros centros de detención preventiva. Las jornadas médicas se llevaron a cabo en Caracas y en seis estados del país: Miranda, Carabobo, Bolívar, Aragua, La Guaira y Zulia. Se atendió a un total de 1.276 personas, incluyendo a 83 adolescentes y a varias mujeres embarazadas.
La situación en estos centros es crítica en términos de condiciones básicas. De los 161 calabozos evaluados, solo 86 cuentan con baños y 87 tienen acceso a agua potable. Ninguno de estos centros está equipado para atender a mujeres embarazadas o personas con discapacidad física o mental.
La ONG UVL ha hecho un llamado al Estado venezolano para que desarrolle políticas públicas que aborden la problemática de la población reclusa en estos calabozos. Actualmente, los reclusos pasan mucho más tiempo del previsto en estos espacios, ya que deberían estar detenidos solo por 48 horas, según lo establecido.
Con información de EFE
