En un reciente informe titulado «Vidas Detenidas», la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la continua práctica de detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela.
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El informe abarca el período entre 2018 y 2023, y resalta cómo estas detenciones forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población del país sudamericano. La ONG afirma que estas detenciones tienen como objetivo principal silenciar a aquellos que discrepan con el gobierno de Nicolás Maduro o que expresan opiniones políticas divergentes.
La diversidad de los perfiles de las personas detenidas arbitrariamente ilustra que esta persecución no se limita a aquellos que tienen opiniones disidentes, sino que también busca amedrentar a familiares y personas cercanas a los individuos bajo detención. AI destaca que estas detenciones se realizan sin órdenes judiciales, y señala la falta de independencia judicial, así como el uso de leyes ambiguas que permiten la criminalización de personas. Además, se denuncia la aplicación de prácticas como la incomunicación y el aislamiento de los detenidos.
El informe resalta que estas prácticas violan derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad, al juicio justo y a la integridad. Amnistía Internacional advierte que el uso de tribunales con competencia en terrorismo agrava aún más las consecuencias del procesamiento penal en Venezuela.
Se estima que alrededor de 300 personas se encuentran detenidas por motivos políticos en Venezuela. AI identificó nueve casos emblemáticos, entre ellos el de Javier Tarazona, director de la organización FundaRedes, quien fue detenido en julio de 2021 bajo acusaciones de «terrorismo» después de denunciar supuestos vínculos entre el gobierno de Maduro y la guerrilla colombiana ELN.
En su informe, Amnistía Internacional hace un llamado al Estado venezolano para que libere a todos los detenidos por motivos políticos y exige a la comunidad internacional que demande garantías a Venezuela para prevenir la repetición de estas detenciones. Además, la organización insta a la Corte Penal Internacional (CPI) a incluir estos casos en su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Maduro.
Con información de AFP
