La Cancillería de Venezuela ha expresado su firme rechazo a las recientes afirmaciones realizadas por los Relatores Especiales de la ONU en relación al presunto uso de leyes antiterroristas para condenar a dirigentes sindicales en el país.
Turpial en línea
En un comunicado oficial emitido hoy, el gobierno venezolano calificó estas declaraciones como «infundadas» y como parte de una estrategia de «agresión multiforme» dirigida desde Estados Unidos.
La Cancillería señaló que las declaraciones de los expertos de la ONU fueron emitidas sin una consulta previa o solicitud de información al Estado venezolano sobre los hechos alegados. Esto, según el comunicado, constituye una violación flagrante de las normas y principios que guían la actuación de los mandatos de las Naciones Unidas. El gobierno venezolano también afirmó que estas afirmaciones forman parte de la estrategia de agresión constante dirigida desde Estados Unidos, que impone medidas coercitivas unilaterales y que, según la Cancillería, es el principal violador de los derechos humanos.
ONU condenó el uso de leyes antiterroristas para judicializar a sindicalistas en Venezuela
En su comunicado, la Cancillería de Venezuela reiteró su compromiso con la legalidad y el respeto a la separación de poderes públicos. También destacó su respeto por la dignidad humana, especialmente en el ámbito de la administración de justicia.
La controversia surge a raíz de la sentencia del 1 de agosto de 2023, que condenó a seis sindicalistas bajo las medidas de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo. Los expertos de la ONU expresaron su profunda preocupación por esta sentencia, afirmando que se trata de un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, buscan mejorar las condiciones laborales y participan en organizaciones sindicales en Venezuela.
Los expertos señalaron que el proceso judicial que llevó a esta condena estuvo marcado por irregularidades y excepcionalidades, y que este uso de medidas antiterroristas va en contra del derecho internacional. En este sentido, la comunidad internacional sigue de cerca esta situación, instando tanto a Venezuela como a la ONU a trabajar en conjunto para aclarar los hechos y garantizar la justicia y el respeto por los derechos humanos.
