El gobierno de Nicolás Maduro dictó una sentencia de 16 años de prisión contra seis activistas y líderes sindicales: Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín.
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A pesar de la ausencia de pruebas contundentes en su contra, la jueza Grendy Duque los declaró culpables por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
La decisión judicial ha generado amplia preocupación en defensores de los derechos humanos y organizaciones civiles, quienes denuncian un juicio sin garantías y violaciones al debido proceso.
La Coalición por los Derechos Humanos ha manifestado su rechazo a la sentencia, señalando que las únicas pruebas presentadas por la Fiscalía fueron capturas de pantalla y publicaciones en Twitter.
Desde el inicio del proceso, la detención y enjuiciamiento de estos activistas y líderes sindicales han sido objeto de controversia y críticas. Sus defensores argumentan que las acusaciones carecen de fundamentos sólidos y que se trata de una persecución política por parte del gobierno.
