Dos personas privadas de libertad murieron recientemente en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, situación que llevó al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a exigir una revisión de los mecanismos de prevención y atención sanitaria en los centros penitenciarios venezolanos. Los casos se conocen este martes 25 de agosto, mientras el Gobierno anuncia una cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para evaluar las condiciones de reclusión.
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En Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien, según la información recopilada por el OVP, padecía meningitis bacteriana. El organismo advirtió que el penal alberga a más de 1.000 personas, pese a que su capacidad original era cercana a 500, una situación que incrementa las preocupaciones ante la presencia de enfermedades transmisibles.
El segundo fallecimiento ocurrió en Rodeo IV, donde murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. El OVP también recordó que Deivi Enrique García murió en ese mismo establecimiento el pasado 20 de abril por motivos relacionados con su estado de salud. “Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde”, sostuvo la organización.
Asimismo, el observatorio cuestionó la falta de información pública sobre Rodeo IV, donde asegura que incluso se desconoce la capacidad instalada del recinto. “¿Qué realidad penitenciaria conocerá el CICR?”, planteó el OVP al referirse a la cooperación anunciada por el Gobierno con el organismo humanitario, y pidió que las visitas permitan contrastar la información oficial con las condiciones que enfrentan diariamente los privados de libertad.
Por otra parte, la organización reclamó que cualquier evaluación internacional incluya centros sobre los que existen denuncias relacionadas con enfermedades, hacinamiento, alimentación, acceso al agua y atención médica. El OVP espera que el CICR pueda ingresar también a Rodeo I y conversar de forma confidencial con los presos, mientras el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha solicitado que las inspecciones contemplen otros establecimientos penitenciarios.
Finalmente, el OVP exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar cuáles fueron los protocolos utilizados en los casos de Martínez y Quintero y determinar si hubo fallas durante su atención. La organización también pidió a las autoridades sanitarias realizar evaluaciones epidemiológicas en las cárceles y garantizar diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico oportunos.
