La organización no gubernamental Provea cuestionó la gestión del gobierno interino de Delcy Rodríguez frente a la emergencia provocada por los sismos del 24 de junio y advirtió sobre riesgos en materia de derechos humanos, atención humanitaria, vivienda, educación, salud y reconstrucción de las zonas afectadas.
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Según el documento, pocas horas después de la emergencia fue creado un Estado Mayor para coordinar la respuesta al desastre, con participación de Protección Civil, organismos de emergencia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos policiales, autoridades regionales, el sistema de salud y equipos de búsqueda y rescate. También se estableció un puente aéreo para trasladar rescatistas, voluntarios especializados y personal médico.
Sin embargo, Provea señaló como controversial la militarización de La Guaira y sostuvo que el mecanismo de registro establecido en el Poliedro de Caracas para organizar el ingreso de personas, vehículos y voluntarios pudo ralentizar y burocratizar la llegada de ayuda. La organización afirmó además haber constatado descoordinación y solapamiento de funciones entre distintos cuerpos de seguridad, lo que habría afectado el tránsito de ambulancias y personal sanitario en las zonas de desastre.
Para el 3 de julio, Rodríguez defendió la actuación de la fuerza pública y calificó de “miserables” las críticas por los presuntos retrasos en la atención de los afectados. En esa misma jornada fue activada una Comisión Presidencial para la Habilitación de Vivienda e Infraestructura, encargada de impulsar inspecciones mediante un sistema de “semáforo” para clasificar los inmuebles según la gravedad de sus daños.
Asimismo, Provea expresó preocupación por la reconstrucción de viviendas y por el manejo de los recursos destinados a esa tarea. El informe menciona un fondo inicial de 200 millones de dólares para la reconstrucción, además de mecanismos de financiamiento y donaciones internacionales, y pidió que exista una auditoría efectiva sobre la administración y asignación de esos recursos.
El documento también advierte que el impacto del doblete sísmico trasciende la pérdida de viviendas. Provea identificó afectaciones sobre escuelas, empleos, servicios públicos, atención médica y condiciones de vida, y planteó la necesidad de garantizar educación, medicamentos, agua potable, saneamiento, refugios adecuados y mecanismos de reincorporación laboral para las personas desplazadas o afectadas.
Finalmente, la organización exhortó al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General a investigar posibles responsabilidades administrativas y penales relacionadas con la construcción de inmuebles afectados, así como eventuales abusos cometidos por funcionarios durante la emergencia. También cuestionó que la conducción de una catástrofe natural recaiga en una autoridad militar y planteó un modelo de coordinación basado en expertos en protección civil y ayuda humanitaria.
