La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX, INC.) presentaron ante el Congreso de Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio, un informe en el que advierten sobre el deterioro de la estabilidad migratoria de la comunidad venezolana en el país.
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El documento, con fecha de corte del 22 de agosto, analiza los cambios registrados desde 2025 y señala entre los principales factores la terminación y los litigios relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), la reducción de determinadas vías de parole, las dificultades para obtener autorizaciones de empleo y una mayor exposición de algunos venezolanos a procesos de detención y remoción.
El reporte pone especial atención en los migrantes que permanecen vinculados al sistema migratorio estadounidense mediante solicitudes de asilo pendientes, protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), withholding of removal, órdenes de supervisión de ICE y otros procedimientos que no representan una residencia permanente. Según VEPPEX y AMAVEX, estas personas continúan sujetas a obligaciones migratorias mientras esperan una resolución sobre sus casos.
Asimismo, las organizaciones documentaron casos recientes de venezolanos detenidos pese a contar con autorizaciones de empleo o mantener procesos migratorios pendientes. Ante esta situación, solicitaron que las decisiones de custodia sean evaluadas de manera individual y cuenten con mecanismos efectivos de revisión.
Otro de los asuntos incluidos en el informe es la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en casos relacionados con el Tren de Aragua. VEPPEX y AMAVEX sostienen que cualquier vínculo con organizaciones criminales debe establecerse mediante investigaciones y evidencias individuales, y cuestionan que elementos como la nacionalidad venezolana, la apariencia física, los tatuajes o asociaciones circunstanciales puedan utilizarse como sustitutos de pruebas.
El informe también reclama mayor transparencia en las remociones de migrantes hacia terceros países. Entre los casos mencionados está el acuerdo mediante el cual Liberia aceptó recibir hasta 1.200 nacionales de terceros países durante 12 meses, respecto al cual las organizaciones solicitan conocer las bases jurídicas, las condiciones de recepción y los mecanismos empleados para evaluar los riesgos individuales antes de ejecutar cada traslado.
Como parte de sus peticiones, las organizaciones exhortaron al Congreso a exigir información periódica y desagregada a DHS e ICE sobre las detenciones de venezolanos y a realizar audiencias de supervisión relacionadas con detención, permisos de trabajo, asilo pendiente, TPS, CAT, withholding of removal y órdenes de supervisión.
También pidieron a DHS, ICE y USCIS mecanismos que permitan mantener la continuidad documental y laboral cuando las interrupciones sean consecuencia de demoras administrativas, además de criterios individualizados para las decisiones de custodia. Al Departamento de Estado le solicitaron información sobre los acuerdos de remoción hacia terceros países y las garantías legales y humanitarias ofrecidas a las personas trasladadas.
VEPPEX y AMAVEX aclararon que su informe no sostiene que toda detención migratoria sea ilegal ni que mantener un trámite pendiente otorgue inmunidad frente a las leyes migratorias. Su planteamiento es que la aplicación de esas normas debe preservar el debido proceso, la evaluación individual y las protecciones contempladas en el sistema estadounidense.
Finalmente, las organizaciones adelantaron que preparan un informe separado sobre los hechos relacionados con el vuelo de deportación del 24 de junio de 2026. Ese documento, según indicaron, abordará la cronología de los acontecimientos, la documentación disponible, testimonios, condiciones de traslado y recepción y las cuestiones jurídicas vinculadas con ese caso.
Con información de NP
