La cumbre migratoria que reunió a México y otros 11 países latinoamericanos concluyó con una declaración conjunta que rechaza las "medidas coercitivas" y promete respetar el derecho humano a migrar, además de solicitar más alternativas legales para la migración.
Turpial en línea
La canciller mexicana, Alicia Bárcena, leyó el pronunciamiento consensuado, que insta a los países de origen, tránsito y destino a implementar políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, protejan la vida y la dignidad de los migrantes y sus familias, e incluyan la promoción de opciones de regularización permanente.
La declaración conjunta, que consta de 13 puntos de acuerdo, fue firmada por los jefes de Estado de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá. Todos ellos se reunieron en Palenque (Chiapas) con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Los gobiernos latinoamericanos argumentaron que las medidas coercitivas unilaterales indiscriminadas afectan negativamente a las poblaciones enteras y especialmente a las personas y comunidades más vulnerables. En este sentido, acordaron solicitar a los países de destino que amplíen las vías regulares, ordenadas y seguras para la migración, con especial énfasis en la movilidad laboral y promover la reintegración y el retorno de los trabajadores temporales.
También sostuvieron que las medidas "selectivas" estimulan la migración irregular. Se refirieron a las políticas de Estados Unidos que prevén asilo para ciertos solicitantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero contemplan la deportación inmediata del resto.
Los acuerdos de la cumbre migratoria incluyen la elaboración de un plan de acción centrado en la autosuficiencia alimentaria, la protección del medio ambiente, la seguridad energética, el comercio, la inversión y la lucha contra el crimen organizado. México ofreció cooperar con sus programas sociales para campesinos y trabajo juvenil, así como en gas y energías renovables.
Los gobiernos también prometieron fomentar el comercio e instar a que se levanten sanciones y "medidas coercitivas" en la región. Además, apoyarán a Haití para "restablecer un entorno de seguridad humana" y normalizar el país tras la crisis política. También se comprometieron a esforzarse por replantear la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana en Latinoamérica.
Con información de EFE
