En los últimos años, Venezuela ha sido testigo de una problemática creciente y dolorosa: el trabajo infantil. Niños y adolescentes se ven obligados a abandonar sus aulas de clases y sumergirse en el mundo laboral debido a la crisis económica que asola al país, el cierre de escuelas provocado por la pandemia de COVID-19 y la violencia intrafamiliar. A pesar de ser una realidad alarmante, esta problemática se mantiene invisible en gran parte debido a la falta de cifras oficiales que la respalden.
Turpial en línea
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se estima que en todo el mundo hay aproximadamente 160 millones de niños trabajando, lo que equivale a casi uno de cada 10 niños. En Venezuela, estas cifras preocupantes se agravan debido a la situación económica y social que ha prevalecido en los últimos ocho años. Fernando Pereira, director del Centro de Estudios para La Convivencia Democrática (Cecodap), señaló en entrevista a El Cooperante que la falta de un sistema de información sobre la protección de los niños en el país es uno de los principales obstáculos para abordar este problema.
"No solamente del trabajo infantil, sino de cualquier situación que les pueda generar algún tipo de riesgo de desprotección. No disponer de esta información es uno de los principales problemas, porque al no tener esos datos, evidentemente se invisibiliza o se considera que no es un fenómeno prioritario y se tiende a decir que son casos aislados", destaca Pereira.
El Centro de Estudios para Las Mujeres el Liderazgo y Desarrollo (Cemlides) realizó recientemente una encuesta en la que entrevistó a 700 personas en los 24 estados de Venezuela entre el 1 y 9 de septiembre de 2023. Los resultados son reveladores: el 62,4% de la población encuestada dijo no conocer programas para la atención del trabajo infantil, mientras que solo el 35,1% afirmó estar al tanto de su existencia.
Además, la encuesta arrojó que el 58,7% de la población no conoce a niños que trabajen en las calles, lo que sugiere que esta realidad se mantiene oculta para muchos ciudadanos. Sin embargo, entre quienes reconocen la presencia de niños trabajadores, el 58,6% describió que se dedican a ventas, el 19,5% a servicios al comercio, el 9,1% lamentablemente se encuentra en la prostitución infantil, el 8,4% actúa como colector de transporte y el 4,4% realiza trabajos recreativos.
La relación entre la crisis social y económica de Venezuela y el trabajo infantil es evidente. Las familias, cada vez más afectadas por la exclusión y la pobreza, luchan por mantener a sus hijos y garantizar que reciban educación. En consecuencia, aumenta el número de niños expuestos a actividades peligrosas en las calles a cambio de obtener ingresos para sus familias.
"Muchos se dedican a trabajar en los campos, en actividades agrícolas, también en las minas del sur del país, a la pesca. No son trabajos formales, no son trabajos en empresas donde estén los permisos que se expiden en Concejos de Protección, no existe un registro por parte del Ministerio del Trabajo", lamenta Pereira.
La deserción escolar es otra preocupación, ya que la mayoría de las escuelas, afectadas por la crisis, funcionan con horarios mosaicos. Esto significa que los niños tienen menos tiempo en las aulas y más tiempo en la calle buscando trabajo para ayudar a sus familias.
La pregunta sobre quién es responsable del trabajo infantil en Venezuela arroja respuestas variadas. El 37,7% lo atribuye al conflicto social, el 27,7% a la familia, el 13,9% a las sanciones internacionales y el 11,9% no sabe o no responde. Estas cifras reflejan la complejidad de la situación y la necesidad de un enfoque integral para abordar el problema.
En cuanto a las soluciones, la falta de programas públicos o privados para la atención del trabajo infantil es evidente. Pereira señala que las condiciones sociales favorables, planes de compensación para las familias y escuelas bien equipadas son fundamentales para prevenir el trabajo infantil. Sin embargo, la capacidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para brindar apoyo es limitada, y los programas gubernamentales también resultan insuficientes.
La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) reconoce ciertos derechos y garantías para adolescentes trabajadores a partir de los 14 años, como contratos de trabajo y seguridad social. Sin embargo, queda mucho por hacer para abordar esta compleja problemática y proteger a los niños y adolescentes de Venezuela de las situaciones riesgosas a las que se enfrentan en las calles en su lucha por la supervivencia.
Con información de El Cooperante
