El gobierno de Nicolás Maduro ha presentado una apelación ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) en respuesta a la decisión tomada por la Sala de Cuestiones Preliminares I el pasado 27 de junio de 2023. Esta decisión confirmó la continuación del proceso de investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciado por la Fiscalía de la CPI en 2018.
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A pesar de haber recibido al fiscal Karim Khan en más de dos ocasiones y haber acordado la apertura de una oficina de asistencia técnica, el gobierno de Miraflores mantiene su postura de que este proceso tiene motivaciones políticas. En su comunicado, reafirman que el examen preliminar nunca se llevó a cabo de acuerdo a los estándares del derecho internacional y el Estatuto de Roma, y alegan que se les negó su derecho a la defensa al no proporcionárseles información sobre los hechos específicos bajo evaluación por parte de la Fiscalía de la CPI.
#Comunicado| Venezuela presenta recurso de apelación ante la decisión de la CPI de continuar un proceso sin base, impulsado por quienes buscan un "cambio de régimen". Exigimos que se retome la legalidad y el derecho internacional. pic.twitter.com/oWYDdDGJMU
— Yvan Gil (@yvangil) August 14, 2023
Desde el año 2021, el gobierno de Venezuela ha intentado detener el proceso de investigación en múltiples ocasiones. En noviembre de 2022, el fiscal Khan solicitó la continuación del proceso, otorgando un plazo para que las víctimas presentaran testimonios. Sin embargo, el gobierno de Miraflores buscó obtener información sobre estos casos, lo que la CPI le negó.
En respuesta a la decisión de la CPI de continuar con las investigaciones, los jueces señalaron que el gobierno venezolano no está investigando ni muestra intención de investigar las alegaciones de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, destacaron que las investigaciones internas parecen centrarse en los perpetradores directos o de bajo nivel, sin abordar adecuadamente la intencionalidad discriminatoria subyacente a los delitos alegados y la insuficiente investigación de los delitos de naturaleza sexual.
En su comunicado emitido el 14 de agosto de 2023, el gobierno de Maduro afirmó que la CPI ha cometido seis errores de hecho y de derecho en su proceso. A pesar de las diferencias de opinión, el gobierno reafirma su compromiso con la "aplicación de la justicia" en el país, a pesar de enfrentar un proceso abierto en la CPI por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
La apelación presentada por el gobierno de Nicolás Maduro ante la Sala de Apelaciones de la CPI añade un nuevo capítulo a la controversia en curso sobre la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, marcando un paso más en el proceso judicial internacional que se ha mantenido en el centro de la atención mundial.
