Defensores de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas han emitido un comunicado en el que denuncian que el Arco Minero del Orinoco (AMO) ha puesto en riesgo la autodeterminación de las comunidades originarias en la Amazonía venezolana. El documento fue difundido por el abogado defensor de los pueblos originarios de Venezuela, Olnar Ortiz.
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El comunicado surge después de un detallado análisis del informe AHRC 53/54 de la resolución 59/21 emitida por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, el cual resalta diversas violaciones de Derechos Humanos en el contexto del AMO.
Comunicado de indígenas defensores de DDHH de los derechos de P. I y territorios de la Amazonia Venezolana.
En el marco del informe AHRC 53/54 de resolución 59/21 de la @onuderechoshumanos
Para el Estado, Movimientos Indigenas de Venezuela, ONGs y Comunidad Internacional.
— Olnar Ortiz Bare (@olnarortizBare) August 1, 2023
El Arco Minero del Orinoco ha tenido un impacto devastador sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, afectando también sus derechos a las tierras, territorios y recursos, así como su bienestar ambiental, y su derecho a vivir en paz y seguridad.
En el comunicado se enfatiza la importancia del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de la adopción o aplicación de cualquier decisión que los afecte. Este consentimiento debe obtenerse de manera legítima y respetuosa, a través de las propias instituciones y representantes de estas comunidades.
Los defensores también cuestionan un proyecto reciente anunciado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para reforestar las zonas afectadas por la minería en la Amazonía venezolana. Según el comunicado, este proyecto se activó sin la consulta previa a las comunidades indígenas, lo que representa una grave violación de sus derechos.
Es importante destacar que los pueblos indígenas no objetan la naturaleza del proyecto de reforestación en sí, sino la falta de consulta y participación en su ejecución. En este sentido, instan al Estado a respetar sus derechos y consultar con ellos de manera efectiva en todas las decisiones que los involucren.
Además, el comunicado denuncia la presencia de grupos de civiles armados implicados en delitos como la violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas. Los defensores hacen un llamado a las autoridades para que investiguen y lleven ante la justicia a los responsables de estos actos violentos.
Persisten, según el texto, hostigamientos, amenazas, secuestros y desapariciones forzosas en la región, sin que se hayan tomado acciones contundentes para poner fin a estas violaciones de Derechos Humanos.
