El creciente aumento de la trata de personas en Venezuela se ha convertido en una preocupación tanto para las autoridades locales como para organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y diversas agrupaciones de derechos humanos. Este flagelo, que afecta principalmente a mujeres y niños en zonas fronterizas, ha generado alarma debido a su rápida expansión y el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro no haya presentado un plan nacional para combatirlo, a pesar de la creación de un consejo presidencial en julio de 2021 con ese propósito.
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El país se prepara para conmemorar el Día Mundial Contra la Trata de Personas el próximo 30 de julio, pero las autoridades venezolanas no han publicado los ocho informes relacionados con este tema que se esperaban en los últimos dos años, lo que ha dejado sin cifras exactas para cuantificar el número de víctimas. A pesar de la ausencia de datos oficiales, la creencia generalizada es que el delito de trata afecta cada vez a más venezolanos que viven en condiciones de pobreza.
Ante esta preocupante situación, un grupo conformado por ONG locales y extranjeras, así como dos agencias de Naciones Unidas, ha creado una estrategia para enfrentar el tráfico de migrantes, las ofertas engañosas de empleo y la explotación sexual, entre otras prácticas utilizadas por los tratantes. Según informantes del grupo, las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas son el grupo más vulnerable y suelen ser captadas con fines de explotación sexual.
Las rutas de trata han diversificado sus métodos y ahora se ha detectado que algunas personas dejan Venezuela en embarcaciones hacia países vecinos como Trinidad y Tobago, Aruba, Bonaire y Curazao, donde terminan siendo esclavizadas por proxenetas. Estos traficantes encuentran a sus víctimas en diversas regiones del país.
Un caso que ha llamado la atención es el de las mujeres deportadas de Trinidad y Tobago, quienes, según informes de la ONG Cáritas, llegan heridas o embarazadas después de meses de explotación sexual en el país insular, que se encuentra a unos 100 kilómetros de distancia de Venezuela.
Otra preocupación es la situación en las zonas del sur del país dedicadas a la minería ilegal, limítrofes con Brasil y Colombia, donde también se ha detectado un aumento de casos de trata de personas. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ha instado al Estado venezolano a "combatir" esta situación e "investigar todas las denuncias de formas contemporáneas de esclavitud".
La falta de acción y de datos oficiales sobre la magnitud del problema de trata de personas en Venezuela ha generado preocupación y críticas por parte de organismos internacionales, quienes instan al gobierno a tomar medidas concretas para proteger a las víctimas y combatir este delito que afecta gravemente los derechos humanos de los más vulnerables en la sociedad venezolana. La colaboración entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional se torna imprescindible para abordar este complejo y preocupante problema.
Con información de EFE










