El juez de circuito de Delaware, Leonard Stark, ha determinado que Crystallex International Corp., una compañía minera canadiense, será la primera entre los acreedores de Venezuela en recibir pagos provenientes de la subasta de las acciones de Citgo Petroleum Corp., programada para octubre de 2023.
Turpial en línea
De acuerdo con un informe de Reuters, Crystallex se ha convertido en "el primer acreedor" en reclamar los ingresos generados por la venta de las acciones de la filial venezolana. Esta histórica decisión surge tras haber completado todos los trámites necesarios para embargar los bienes propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos, en caso de una eventual venta.
La empresa canadiense obtuvo una orden de embargo de la Corte en agosto de 2018, lo que le otorgó el derecho a recibir ingresos de la venta de las acciones de Citgo, en compensación por una larga disputa con el gobierno venezolano.
La situación de Crystallex es notable ya que hay más de una docena de acreedores adicionales que también tienen decisiones legales a su favor, por un monto acumulado de 5.000 millones de dólares. Sin embargo, las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela han dificultado que estas empresas cobren las deudas pendientes.
Entre las compañías con órdenes de embargo destacan gigantes internacionales como ConocoPhillips, Red Tree Investments, Siemens, O-I Glass, Huntington Ingall Industries, ACL1 Investments, Rusoro Mining, dos unidades de Industrias Koch y Gold Reserve.
Estas empresas acreedoras han enfrentado dificultades para recibir sus pagos debido a las complejas sanciones impuestas por EEUU sobre Venezuela, lo que ha obstaculizado la ejecución de las decisiones legales a su favor.
La subasta de las acciones de Citgo Petroleum Corp. representa un importante acontecimiento en la larga disputa de los acreedores internacionales por recuperar lo que les adeuda Venezuela. Aunque Crystallex International Corp. será la primera en recibir pagos, la situación de los demás acreedores aún se mantiene incierta debido a la complejidad de la situación económica y legal entre ambos países.
