Una reciente Encuesta Nacional Ómnibus llevada a cabo por Datanálisis reveló que el 76,6% de los consultados está a favor de la flexibilización de las sanciones petroleras y financieras impuestas a Venezuela. Los resultados reflejan una opinión generalizada de que las sanciones, en su forma actual, no han logrado alcanzar sus objetivos políticos, sino que han tenido un impacto negativo en la calidad de vida de la población.
Turpial en línea
Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, explicó que la mayoría de los consultados sostiene que las sanciones no han cumplido su propósito político y, en cambio, han afectado adversamente a la población venezolana.
«Esta es una posición consistente con la argumentación utilizada en el editorial del New York Times de la semana pasada que indica que la estrategia de sanciones generales (no personales) aplicada por EEUU ha fracasado, genera costos humanitarios sobre la población, afecta la infraestructura y la actividad económica y fortalece políticamente a los gobiernos que pretendía castigar», dijo.
Esta visión es compartida también por Juan González, representante de la Casa Blanca para el tema venezolano, quien ha manifestado públicamente que la estrategia de sanciones impuesta por la administración Trump al Gobierno de Venezuela no ha tenido los resultados esperados.
El nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, ha sido un firme defensor de buscar mecanismos de flexibilización de sanciones. Considerando toda la información concreta, pública y contrastable proporcionada por la encuesta y las declaraciones de expertos internacionales, Celis sostiene que la posición de Fedecámaras es totalmente coherente con la opinión pública a nivel nacional e internacional, la visión del Gobierno estadounidense y los intereses de la nación.
En sus palabras, Celis destacó que el país ha comenzado a comprender que la flexibilización de sanciones es un proceso necesario que no implica abandonar la defensa de los derechos políticos y económicos, sino que es una decisión racional en la que prevalece el interés nacional en salvaguardar la calidad de vida de la población, el territorio nacional, los activos externos de la nación, la infraestructura y la defensa internacional de los casos legales que involucran al país y su futuro.
Con información de Banca y Negocios
