La incertidumbre ha tomado el control en Venezuela después de que empresas de transporte marítimo de mercancías informaran a sus clientes sobre un "ajuste" fiscal en las políticas aduaneras. Expertos advierten que este ajuste representa una reanudación de controles y cobros de impuestos para ciertos tipos de envíos, los cuales habían sido anulados en 2017 con el objetivo de facilitar la entrada de bienes debido a la grave escasez que atravesaba el país en aquel entonces.
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Durante este mes, diversas compañías comunicaron a sus clientes sobre estas nuevas regulaciones, lo que dejó a muchos de ellos confundidos. Algunos consumidores han optado por retener sus compras hasta que haya mayor claridad sobre las implicaciones de estas medidas, mientras que otros han decidido recurrir al servicio aéreo, a pesar de que es más costoso.
Carlos La Rosa, un informático de 41 años, compartió su experiencia con la agencia de noticias EFE, explicando que una compra reciente que realizó de "unos refrigerantes" que solo pueden ser importados por barco ha estado retenida en Estados Unidos debido a estas comunicaciones. La incertidumbre sobre los costos y los impuestos que el Gobierno cobrará en este caso ha llevado a muchos consumidores a esperar antes de tomar decisiones.
Una de las empresas señaló que, según las "nuevas regulaciones establecidas", los "envíos estrictamente personales" deberán pagar un impuesto del 38 % sobre el valor declarado por cada caja, con un mínimo de 100 dólares. Sin embargo, otra compañía anunció que el impuesto será del 35 %. Hasta el momento, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) no ha proporcionado una aclaración oficial, dejando a los ciudadanos y las empresas en un estado de incertidumbre.
El economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, explicó que durante seis años, desde 2017, el Gobierno dejó de aplicar la normativa aduanera a este tipo de envíos, lo que llevó a muchas empresas a migrar hacia el transporte marítimo, ya que resultaba menos costoso que el servicio aéreo. Esto provocó un crecimiento masivo de los envíos "puerta a puerta", que representaron cerca del 30 % de las importaciones en 2022. La medida ayudó a mejorar el abastecimiento durante la escasez, pero también fue aprovechada por algunos para fines comerciales y de importación de productos no estrictamente personales.
Según Oliveros, el Gobierno ha decidido ahora regularizar esta situación y obligar a todas las empresas de "courier" a utilizar principalmente el transporte aéreo, lo que implicará el pago de impuestos y tasas aduaneras que antes no se aplicaban. Esto aumentará los costos de los productos importados y cambiará la dinámica interna del comercio, afectando la rentabilidad para algunos empresarios.
El economista sugiere que esta decisión del Gobierno responde a la necesidad de obtener recursos adicionales debido a la próxima dinámica electoral, en referencia a las elecciones presidenciales de 2024. Además del cobro de impuestos en la importación, se han anunciado medidas como el aumento del precio del diésel y ajustes en algunas tarifas de servicios, todo en busca de mejorar los ingresos del Estado.
Con información de EFE
